Balas a la puerta de colegios, extorsiones y asesinatos: la violencia se ceba con Lima

El 8 de marzo, un sobre con siete balas fue dejado por un encapuchado en la puerta del colegio San Vicente, en el distrito Comas, al norte de Lima. El sobre contenía una carta dirigida al director: “Ya exploté tu colegio una vez, y aun así sigues sin darme solución. ¿Estás esperando que mate a un vigilante, a un padre de familia o a un profesor?”.

Una semana después, en el mismo distrito, un explosivo detonó en el frontis del colegio Nikola Tesla. No hubo heridos. Sucedió en la noche, fuera del horario escolar. “Estamos aterrorizados. Ni siquiera habíamos sido amenazados”, dijo un representante de la escuela. A los pocos días, también en Comas, un gatillero disparó contra una clínica dental, grabó la escena y se la envió al dueño con un mensaje inquietante: “Alíneate, porque, si no, te va a caer”.

Lima, la única capital de Sudamérica con vista al mar, hoy es presa del pánico. Es una ciudad donde el crimen ha extendido sus tentáculos y a diario se reportan asesinatos por cobro de cupos. Hasta hace algún tiempo los extorsionados solían ser choferes de buses o transportes informales, y comerciantes. Pero ya hasta las escuelas han dejado de ser lugares seguros. Y las víctimas son ahora artistas, personas públicas como Paul Flores, el cantante de la agrupación de cumbia Armonía 10, que murió desangrado mientras se dirigía hacia un concierto.

Además del Callao, que continúa capturado por facciones que siembran el terror en sus barrios, el norte de Lima se ha convertido en una zona roja, gobernada por diversas mafias. Una de las que más vidas se ha cobrado son Los injertos del cono norte. Su líder, Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, es considerado como el criminal más peligroso del país. Se presume que él está detrás de los sicarios que dispararon contra el bus de Armonía 10.

Según un informe de la Policía Nacional, cada 24 minutos se registra una nueva extorsión en Lima. En su mayoría son dueños de bodegas, barberías, farmacias, restaurantes y discotecas. En el primer semestre de 2024, San Juan de Lurigancho era el distrito con más casos. Le sigue muy de cerca San Martín de Porres, que en 2023 fue el distrito donde la gente vive con más temor, según un ranking de la Misión Internacional de Ciudades Seguras (Mic).

El Gobierno de Dina Boluarte ha intentado frenar la crisis, declarando un nuevo estado de emergencia, esta vez por 30 días para Lima y Callao. Ha sido la muerte del Russo Flores la que ha agitado a las masas. Pero ciertamente solo le ha puesto rostro a una amenaza real que se le ha ido de las manos al Ejecutivo.

Según el Sistema Nacional Informático de Defunciones (Sinadef), Perú cerró el 2024 con 2.057 homicidios, la cifra más alta desde el 2017. En este 2025, el panorama ha empeorado: hasta el 18 de marzo se han registrado 475 homicidios, de los cuales 164 ocurrieron en Lima. Los cálculos estremecen: en el país andino se comete un homicidio cada cuatro horas. Y las cifras podrían ser más altas. Los especialistas en seguridad denuncian que no existe un registro unificado con la data de la Policía.

Contra las cuerdas por un nuevo capítulo de movilizaciones, Dina Boluarte se ha visto obligada a nombrar a su séptimo ministro del Interior en dos años y medio de gestión. Este viernes el Congreso aprobó la censura de Juan José Santiváñez por su incapacidad para enfrentar la ola de criminalidad. “Ha puesto su alma y su corazón en esta lucha contra la delincuencia. Pero ese esfuerzo tiene que ir con el corazón de las demás instituciones del sistema de justicia. Confío que en el Congreso imperará la prudencia y no el cálculo político”, declaró Boluarte en la antesala, en su último intento por salvarle el pescuezo a uno de sus ministros más cuestionados, con varias carpetas fiscales abiertas.

En diez meses como ministro del Interior, Santiváñez se ocupó más de defenderse de sus problemas legales que en diseñar estrategias eficaces para acabar con los extorsionadores. El Ministerio Público lo acusa de haber cobrado 20 mil dólares para ejercer influencias en favor de sus clientes ante varias instituciones del Estado, en su calidad de abogado. También se le investiga por abuso de autoridad por intentar coaccionar a periodistas de La Encerrona, el pódcast que expuso los sospechosos relojes de alta gama que lucía la presidenta. Además, se le atribuyen audios que ponen en evidencia que el Gobierno encubre al prófugo Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, agrupación que llevó al poder a Pedro Castillo y, en consecuencia, a Boluarte.

Quedará en los archivos que los grandes “golpes” contra la delincuencia de Santiváñez en realidad fueron patinadas que lo dejaron en ridículo ante la población. Como la vez que anunció la captura de un cabecilla terrorista que no estaba prófugo y nunca tuvo un alto mando en el Militarizado Partido Comunista del Perú. Iván Quispe Palomino, el supuesto “número 2 de Sendero Luminoso”, denunció al ministro del Interior por difamación. Hace unos meses un sereno de la Municipalidad de Lima también querelló a Santiváñez por presentarlo como el líder una banda de extorsionadores.

El último incidente que ensombreció todavía más su labor fue cuando se presentó hace unas semanas en el set del programa televisivo Cuarto Poder para responder por un reportaje que recoge la voz de testigos protegidos que lo acusan de haber cobrado dinero para “ayudarlos” en sus líos con la justicia. Santiváñez aseguró que había accedido al reportaje antes de su emisión. Y después se puso prepotente para no decir cómo lo había conseguido. Al día siguiente su casa fue allanada por la Fiscalía.

Los expertos en seguridad explican que la criminalidad se debe a la ausencia de un Estado que ha permitido el avance del crimen organizado y a un Congreso cómplice que ha legislado a favor de la delincuencia. “Las causas que han alimentado a este desborde criminal son el crecimiento exponencial de las economías ilegales vinculadas al tráfico de oro ilegal, al tráfico ilícito de drogas, al tráfico ilícito de bienes y contrabando, especialmente en la frontera sur, al tráfico ilícito de terrenos, a la trata de personas”, le ha dicho Rubén Vargas, exministro del Interior, al diario El Comercio.

El Gobierno aduce otras razones. Antes de ser censurado, Santiváñez culpó a la Fiscalía de liberar a 338 criminales que habían sido detenidos por la Policía. En una entrevista con EFE, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León ha atribuido el aumento de la delincuencia a la inmigración venezolana. “Han seguido llegando personas que no respetaban los derechos; personas que venían con prontuario o personas que han ingresado de mala forma al país. Y han generado este caos”, ha señalado.

La salida de Juan José Santiváñez no ha saciado los ánimos de protesta. Este viernes diversas organizaciones sociales salieron a las calles para exigir la renuncia de Dina Boluarte. Pero, además, por primera vez se sumó el gremio musical y artístico que en un inicio titubeó. Caminar en Lima es un riesgo. Se ha cruzado un límite y ya nadie se siente a salvo.