El Constitucional anula parcialmente un decreto del Gobierno sobre FP a petición de Cataluña

El Constitucional ha anulado parcialmente la legislación estatal sobre Formación Profesional, al admitir un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña contra el real decreto de 2023 por el que el Gobierno reguló esta materia. El Ejecutivo catalán consideró que dicha normativa vulneraba sus competencias en materia educativa. La Generalitat anunció la interposición del conflicto explicando que diversos artículos de dicho real decreto “exceden del ámbito de la regulación básica estatal en materia de educación y que, además, en muchos casos inciden en aspectos meramente ejecutivos y organizativos que corresponde determinar a la Generalitat”. La demanda razonaba que dicha vulneración se producía “bien por no existir habilitación legal para poder regular por reglamento las cuestiones controvertidas, bien por tener un carácter excesivamente detallado que limitaba las competencias autonómicas”.

La sentencia, aprobada por unanimidad y que afecta a todas las comunidades, considera que las competencias en estas materias tienen carácter compartido. Subraya, en este sentido, que en relación con la normativa sobre Formación Profesional “al Estado corresponde establecer las bases y a la comunidad autónoma el desarrollo normativo y la ejecución de esas bases”. El fallo -del que ha sido ponente la magistrada Concepción Espejel, del bloque conservador del tribunal- considera que buena parte del decreto-ley cuestionado respeta esta distribución de competencias, si bien hay aspectos en que la legislación estatal ha invadido atribuciones de las comunidades autónomas y, por tanto, los declara inconstitucionales.

Tal es el caso de los preceptos que regulan el consejo social en los centros de formación profesional o determinadas figuras de coordinación docente. Esta parte del decreto-ley impugnado se ha considerado contraria a la distribución constitucional de competencias. La consecuencia de esta apreciación es la declaración de inconstitucionalidad y la anulación de los artículos cuestionados, por entender el tribunal que debe ser nula “su aplicación a la formación profesional que forma parte del sistema educativo”.

La sentencia explica asimismo que la proyección de la doctrina del Constitucional sobre el carácter compartido de las competencias en materia educativa lleva a considerar que se ajusta a la distribución correcta entre administraciones la regulación que el decreto-ley impugnado efectúa en los preceptos referidos a “la impartición virtual de la docencia, la estructura de las enseñanzas y a los criterios de selección de alumnos en los centros docentes”. En todos estos aspectos, la legislación estatal cumple los requisitos exigibles y a juicio del tribunal no vulnera las competencias autonómicas.

El fallo explica asimismo que la intervención estatal en los denominados centros de referencia nacional en el ámbito de la Formación Profesional no vulnera las atribuciones de las comunidades autónomas. El Constitucional se refiere en este punto a los centros que realicen acciones de innovación y experimentación en materia de Formación Profesional, especializados en los diferentes sectores productivos. El órgano de garantías ha considerado que tal tipo de intervención está ligada a las competencias estatales en relación con esta clase de centros. Dichas atribuciones son las que atañen a la concreción de las actuaciones a realizar, en colaboración con las comunidades autónomas, y la participación en su financiación.

En fechas próximas al planteamiento del conflicto ahora resuelto, en noviembre pasado, el Gobierno aprobó la distribución a las comunidades autónomas de cerca de 330 millones de euros correspondientes a cuatro programas vinculados a la Formación Profesional, la educación infantil, la enseñanza de programación y robótica y la escolarización de desplazados por la guerra de Ucrania. Se destinaron a Cataluña 46,2 millones de euros. La ministra Pilar Alegría dijo al explicar la medida que con estos fondos el Ejecutivo esperaba cumplir “sus compromisos”, y que con esta aportación se podrían crear en Cataluña 9.220 plazas de Formación Profesional y 3.628 de educación infantil.