Los abogados de Terra Lliure denuncian a la policía
Los abogados de Pere Bascompte, Clara Galobart, Josep Oliveras y Pilar Sala, detenidos el pasado día 3, junto con otras doce personas acusadas de vinculación a Terra Lliure, han presentado una denuncia contra la policía por habérsele negado la asistencia de abogado en sus declaraciones.Todos los detenidos en relación con el grupo independentista catalán fueron puestos en libertad anteayer por el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid con excepción de Jaume Llusa Pere Bascompte, que ingresaron e la prisión de Carabanchel. A los dos únicas personas que se encuentran en pensión se les atribuye presumiblemente un delito de tenencia ilícita de armas. Llusa es arrendatario de un piso descubierto por la policía en Manresa, donde se halló cierta cantidad de armamento y material explosivo.
Algunos de los detenidos declararon ante el juez haber sido sometidos a malos tratos por parte de policía, y desmintieron sus declaraciones ante ésta, que, prestaron sin la asistencia de abogado.
La Constitución causa ya la asistencia al detenido
La denuncia contra la policía interpuesta por cuatro abogados barceloneses, afirma que Constitución consagra el principio de asistencia de abogado al detenido sin indicar excepción alguna. La ley Antiterrorista, según expresa escrito de denuncia, enumera los derechos fundamentales que pueden ser suspendidos por aplicación de esta ley, no encontrándose asistencia de abogado entre los derechos suspendidos. Esta argumentación recoge el contenido de un dictamen elaborado por la comisión de defensa de los derechos humanos del Colegio Abogados de Madrid. El dictamen ha sido asumido íntegramente por el Consejo General de la Abogacía. El abogado Marc Palmes, en nombre de los denunciantes, manifestó ayer que «el tema de asistencia a detenidos en aplicación de la ley Antiterrorista ha sido interpretado por la policía de forma contraria incluso a la propia ley Antiterrorista».Palmes añadió que si la denuncia no prospera ante el Juzgado Instrucción número 1 de Barcelona, interpondrán un recurso amparo ante el Tribunal Constitucional.
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