La Junta impulsará la construcción de 20.000 viviendas públicas en cinco años en Andalucía

Díaz ha expuesto que la vivienda «es de los grandes retos de nuestro tiempo» y, frente a la situación actual, el Gobierno andaluz ha apostado por la gestión mediante un decreto-ley que busca «aumentar la oferta de vivienda a precio asequible y garantizar el acceso a quienes más lo necesitan».

Al respecto, ha lamentado que el problema de la vivienda se ha agravado «por una Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez que ha traído consigo un colapso del mercado inmobiliario, con menos oferta, menos inversión y menos seguridad para propietarios e inquilinos». «Jamás se había hecho tanto daño a la vivienda», ha remarcado.

Frente a este escenario, la consejera ha señalado que el decreto-ley «aborda los retos actuales en materia de vivienda» con «soluciones efectivas» que se incluirán en la futura Ley de Vivienda de Andalucía, como la búsqueda de alternativas frente a la falta de suelo disponible para viviendas protegidas. En este punto, Rocío Díaz ha destacado «el papel clave de los ayuntamientos» en la planificación urbanística, a los que se les dota de herramientas «para utilizar todo el suelo vacante disponible al uso residencial y adaptarlo a las necesidades de su población con plenas garantías jurídicas».

Para ello, se «ha facilitado y agilizado el desarrollo de suelo urbanizado para su uso inmediato para la construcción de vivienda protegida». Así, se han introducido una serie de cambios normativos que permitirán que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. También se podrá escoger para vivienda protegida en alquiler de forma permanente aquellos suelos dotacionales privados o públicos sin destino específico. En ningún caso se aplicarásobre parcelas de uso educativo o sanitario, ha puntualizado la titular de Fomento.

Asimismo, el decreto ley permitirá que las parcelas de vivienda libre puedan aumentar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad proporcional si se destina a protección oficial. También habrá ventaja para las parcelas de vivienda protegida, que podrán incrementar la densidad de viviendas en el 20% y la edificabilidad en el 10%.

La consejera ha reiterado que para su ejecución será necesaria la colaboración y la implicación de los ayuntamientos, que deberán adherirse a estas medidas en materia de suelo mediante un acuerdo municipal en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto-ley. Unos plazos concretos que también habrá para la ejecución de las viviendas: dos años para solicitar la licencia de obra y tres años para su finalización.

Los ayuntamientos también tendrán un papel importante en otra de las medidas claves del decreto ley, que es «la creación de una Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible, que ofrecerá mayor transparencia sobre los terrenos disponibles y reforzará la colaboración público-privada«, según ha manifestado la consejera. En una primera fase participarán los municipios de más de 100.000 habitantes, que tendrán tres meses para aportar la información necesaria y los suelos disponible. A partir de ahí, se fija seis meses para la publicación de la bolsa, que luego se extenderá y completará con los datos que puedan aportar el resto de los municipios andaluces.

Rocío Díaz también ha mencionado otras medidas de calado como la inclusión de un procedimiento más abreviado para la selección de adjudicatarios de viviendas mediante convocatorias específicas, con el objetivo de que sea más rápida la adjudicación, o que Andalucía se convierta «en la primera comunidad en concretar la aplicación de los nuevos fondos reembolsables Next Generation, facilitando la construcción de viviendas en alquiler asequible».

Otra de las novedades es la inclusión de proyectos de vivienda en la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que «permitirá reducir a la mitad los plazos para la construcción de vivienda protegida». Las condiciones para ello serán que los proyectos residenciales sean de, al menos, 250 viviendas protegidas o de más de 500 viviendas si tienen la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida e implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible. Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyecto debe ir aparejado al compromiso del ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos de su competencia.

Por último, la titular de Fomento ha citado que, con el decreto-ley, se amplían el límite de ingresos para optar a una vivienda protegida en régimen general o limitado para conseguir que más familias no pueden acceder al mercado de la vivienda libre puedan tener acceso a una vivienda protegida, o la revisión de los coeficientes territoriales, con los que se facilita la construcción de más vivienda protegida.

Rocío Díaz ha defendido que este conjunto de medidas nace «del diálogo y la eficacia» y de dar un paso más en el cambio en las políticas de vivienda que se inició en 2019.

Desde entonces, el Gobierno andaluz «ha triplicado la promoción de viviendas protegidas en Andalucía» y se han adoptado medidas que no se habían aplicado hasta ahora como la «tramitación de 311 millones de euros en subvenciones para 154 promociones de vivienda en alquiler a precio asequible». Además, la Consejería de Fomento ha apostado por la rehabilitación residencial con programas como el Plan Ecovivienda y ha reforzado la protección a los colectivos vulnerables. «Este Gobierno es el que más ha hecho por garantizar el acceso a la vivienda en Andalucía», ha añadido la consejera, que ha defendido «unas medidas reales que traerán resultados reales».

El decreto ha centrado un pleno en el que el PSOE ha acusado a la Junta de Andalucía de no querer garantizar la vivienda a quien más lo necesita sino garantizar su construcción para que vuelva la especulación.