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El caso de las adjudicaciones irregulares de pisos municipales queda en manos del fiscal

Juan Antonio Carbajo

JUAN A. CARBAJO, La pelota ha cambiado de tejado. Los grupos políticos entregaron ayer sus conclusiones sobre el caso de las adjudicaciones irregulares de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y dejan en manos de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia la siguiente palabra. Mientras tanto, las llaves de 233 pisos esperarán en el cajón. El gobierno municipal no entregará ninguna vivienda de forma definitiva hasta que el fiscal determine si ha habido o no comportamientos delictivos en el proceso. El PP se propone revisar las normas de adjudicación de próximos concursos de viviendas.

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La comisión de seguimiento del escándalo de la EMV terminó ayer su trabajo tras seis semanas de investigación. A estas alturas ya nadie pone en duda que han existido preadjudicaciones injustas y que personas que tenían que haber sido admitidas en el sorteo de las viviendas fueron rechazadas arbitrariamente. Sólo cambia el matiz. Donde PSOE e IU hablan de irregularidades e incluso de presuntos delitos, el gobierno municipal del PP determina que ha habido "errores involuntarios".Las conclusiones presenta das ayer han estado determinadas por el proceso abierto por el ministerio fiscal. Con esta investigación de por medio, el gobierno municipal no se ha atrevido a entregar de forma inmediata los pisos a las persona cuyos expedientes estuvieran correctos, como había anunciado en otras ocasiones. A estos agraciados, un 35% de los 233 se les adjudicará la vivienda en un próximo Consejo de Administración de la EMV, pero no se les darán las llaves. Será una adjudicación cautelar y condicionada a la decisión judicial.

El resto de los solicitantes que fueron agraciados con una vivienda presentan dos problemas distintos, según las conclusiones del PP. Un 11% fue incluido en el sorteo incorrecta mente y debe ser rechazado Para el 53% restante -los solicitantes cuya documentación está incompleta- el PP propone abrir un plazo en el que aporten los datos pendientes. Y hay un cuarto grupo: el de los solicitantes injustamente rechazados del sorteo (una decena, según el PP) a los que "se les reconocerá un derecho preferente en sucesivas promociones".

El PSOE echó en falta, en las conclusiones del PP, la determinación de responsabilidades y la especificación de: las recomendaciones a las que aludió el alcalde, José María Álvarez del Manzano. El portavoz del PSOE, José María de la Riva, se sorprendió de la intención del PP de cambiar las normas de adjudicación de futuras promociones de vivienda para que existan "menores márgenes de interpretación". "Parece de mal gusto que la EMV tenga que actualizar las normas después de 10 años de existencia" comentó De la Riva.

El portavoz de IU, Francisco Herrera, hizo el reparto de responsabilidades que evitó precisar el PP. "La responsabilidad política, y en su caso penal, corresponde al equipo del PP y a sus representantes en la Empresa Municipal de la Vivienda en general y al equipo técnico en lo concreto".

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