Tensión en la ría gallega de Noia por el vertido del agua estancada de una mina

Ántar Vidal

Santiago

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12/03/2023 a las 10:27h.

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A finales del siglo XIX, se comenzaba a excavar en tierras de Lousame (La Coruña) en busca del valioso wolframio, mineral poco común en Europa. Más de un siglo después, la mina de San Finx tiene a ecologistas gallegos y al sector pesquero en pie de guerra. Hace apenas un mes, Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, autorizaba el vertido del agua acumulada en los túneles de la mina —cerrada desde 2017—. Para contextualizar mínimamente: Sacyr, propietaria de la explotación, vendió San Finx a una empresa australiana a principios de 2022. Aunque todavía no se han expedido permisos de explotación, la solicitud de la autorización para los vertidos se entiende como antesala para retomar la actividad minera. Un tema muy polémico entre los vecinos: «Nos arruinaría a todos», claman desde la cofradía de Noia.

Pero antes de que se pueda llegar a extraer de nuevo wolframio de los túneles ha saltado la alarma. Ha habido ya varias concentraciones reclamando la paralización de la autorización de los vertidos y se interpusieron varias denuncias desde diferentes colectivos. La Fiscalía anunció esta semana que las «estudiaría» a raíz de una carta del diputado de Galicia En Común, Antón Gómez-Reino. La cofradía, según informó el patrón mayor Santiago Cruz a este diario, interpondrá un contencioso-administrativo la próxima semana. Anteriormente ya habían denunciado, asegura, a cargos de Augas de Galicia por polémicas derivadas de esta controvertida mina.

San Finx lleva años parada. Y por eso sus túneles se han convertido en profundísimas piscinas llenas de agua con metales pesados disueltos en ellas. Son centenares de miles de litros. Sin achicar ese agua sería imposible retomar la actividad minera. Sacyr solicitó hace unos años verter este líquido a un riachuelo que rodea la instalación minera. Lo recuerda la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, que tomó posesión en 2018 —la tramitación ya estaba abierta—. «El planteamiento inicial era que los parámetros del vertido eran de medio natural». Es decir, la idea primigenia era verter esas aguas al medio sin depurar previamente, pues la empresa defendía que las concentraciones de metales entraban dentro de los parámetros de los de las aguas del entorno.

Según Augas de Galicia, eso no se podía garantizar, pues la ría, debido a la intervención minera durante más de un siglo, estaba ya alterada. Era imposible saber cuál era la concentración «en el medio natural». Tras una lluvia de alegaciones, se decidió que el vertido debería ser depurado antes de que llegara al riachuelo que desemboca en la ría de Muros y Noia. «Eso fue lo que nosotros aceptamos, y así se lo pedimos a la empresa», apunta Gutiérrez. Se puso en marcha entonces una planta de depuración piloto. «El problema es que el tratamiento depende de cada agua. Pero el resultado de la prueba fue que se encontró una forma de depurar los metales presentes, como el zinc o el cobre», hasta llevarlos a parámetros de medio natural. La cofradía, en cambio, cree que esto es «mentira». «Tenemos un informe técnico que dice que la prueba fue un fracaso», asegura Cruz. Esta sería una de las grandes bazas legales de la cofradía para paralizar el vaciado que, dicen, comprometería la producción marisquera de la ría. Creen, además, que el estudio no se hizo hasta lo más profundo de los túneles, donde se concentra el agua más contaminada.

Desde Ecoloxistas en Acción avalan esta versión. Joám Evans se muestra convencido de que la depuradora no va a filtrar el agua lo suficiente como para que llegue al río cumpliendo los 18 requisitos marcados por Augas de Galicia. Y de hacerlo, el problema no estaría todavía solucionado. «La autorización de vertido no contempla depurar las aguas de la escombrera pegada a la mina, que son las más contaminadas». Desde el ente público confían en el funcionamiento del saneamiento. Gutiérrez explica a ABC que, aunque no fue fácil —«había cosas que nos hacían dudar»—, la planta depuradora tratará el agua correctamente antes de expulsarla al río. Y todo supeditado a los 18 condicionantes que se revisarán periódicamente: caudal, analíticas... En total, 889.885 metros cúbicos de vertidos. Una cifra que levanta las sospechas de Evans: «La autorización es justo un poco por debajo del millón de metros cúbicos al año, porque a partir de eso hace falta una evaluación de impacto ambiental» que determinaría qué consecuencias tendría. «La evaluación de impacto ambiental tiene una cláusula que dice que las extracciones de agua subterránea de más de un millón de metros cúbicos tienen que tener una evaluación especifica solo para el vertido. Por eso mantuvieron artificialmente la actividad por debajo». Es más: cree que en realidad se superará esa barrera. «Esas aguas van a duplicar el caudal del río», poniendo en riesgo la integridad de las presas que se encuentran mina abajo, opina el ecologista.

Gutiérrez quiere «tranquilizar» a los vecinos: «Es bueno que estas aguas se traten, porque el agua de la lluvia que discurre por ahí ya está en contacto con la mina». Insiste en que la autorización no es de explotación, aunque «si la empresa está pidiendo permiso de vertido es porque va a retomar la actividad». Para poner la mina en marcha, sí sería necesario una evaluación de impacto ambiental. «Que se pongan en nuestro lugar», pide Cruz. La cofradía convocó ya varias movilizaciones durante las últimas semanas, y si el proceso sigue adelante, aseguran que trasladarán las protestas a San Caetano. «Las rías no soportan más vertidos, son una asignatura pendiente» de las administraciones, dice.

No obstante, la mina lleva ahí desde finales del XIX, y la propia directora de Augas de Galicia reconoce que el medio natural está afectado por esta actividad. Los marisqueros temen que el berberecho y la almeja puedan incluso no ser aptas para el consumo humano por la concentración de metales pesados. Con todo, «siempre es mejor tratar», insiste Gutiérrez, por lo que esto sería «una buena noticia. Luego la mina deberá de explotarse bien«.

Gutiérrez dice que todavía no tiene «comunicación de que haya procedimientos judiciales abiertos, ni se remitieron diligencias previas». En todo caso, en primer lugar la consellería ha de resolver los recursos —más de medio centenar— que piden la suspensión de la autorización, por lo que, hasta entonces, no se puede construir la depuradora. Después, si las denuncias siguen adelante, el órgano judicial correspondiente deberá pronunciarse sobre lo mismo: si se suspende, o no, el procedimiento para autorizar el vertido de la discutida mina.